Desde Acoset advierten que se afectará la generación de empleo en diciembre y se abrirá paso a la informalidad.
En vísperas de que comience diciembre, un mes de movimiento económico y laboral, y que es fundamental para las negociaciones del salario mínimo, la tensión entre los gremios empresariales y el Gobierno volvió a encenderse luego de una alerta por cuenta de algunos sectores, que sostienen que le busca poner un palo en la rueda al mercado laboral.
La denuncia llegó desde la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, que dio a conocer un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo, que estaría limitando la contratación a través de las firmas que hacen parte de su sector, en un momento crítico del año y podría generar serios efectos en el mercado laboral.
Su presidente, Miguel Pérez García, aseguró que la medida resulta “extraña” porque ocurre justo cuando el país entra en la temporada navideña, cuando más se demandan refuerzos laborales y advirtió que la decisión golpearía directamente más de cincuenta mil empleos que suelen generarse en diciembre y que, a mediano plazo, podría comprometer otros quinientos mil puestos asociados a esta modalidad.
En su criterio, la propuesta del Gobierno va en contravía de la Ley 2466, que reconoció y reguló la actividad del servicio temporal con protección plena de los derechos de los trabajadores en misión, quienes son empleados directamente por las empresas temporales.
“Extraña que un proyecto de decreto del gobierno esté limitando la contratación de las empresas de servicios temporales, afectando de manera directa más de 50.000 empleos en esta época del año, y a mediano plazo, más de 500.000 empleos que se generan a través de esta figura del servicio temporal en todo el país”, dijo Pérez García.
Desde su visión, el proyecto afecta la respuesta de los sectores económicos en sus ciclos estacionales, lo que generaría impactos negativos en productividad, competitividad y efectividad operativa en múltiples industrias y por eso llamó la atención sobre el mensaje que envía el Gobierno al restringir una modalidad que, según afirma, ha sido clave para sostener el empleo formal en el país.
Este vocero gremial también aseguró que, aunque todos coincidan en la importancia de impulsar la formalización, el decreto parece avanzar en sentido contrario y puso sobre la mesa que “solo un punto de este decreto afecta de entrada el sesenta por ciento de contratación de los trabajadores en misión en Colombia”, lo que, según sus cálculos, repercutiría en más de un millón de personas si se consideran las familias que dependen de estos ingresos.
¿Qué dice el Ministerio del Trabajo?
Entre tanto, la respuesta desde el Ministerio de Trabajo llegó con un tono firme y buscó desactivar lo que calificó como interpretaciones alarmistas; dado que el ministro Antonio Sanguino sostuvo que la ciudadanía “merece una conversación informada, no narrativas de miedo”, y afirmó que el decreto no elimina el sector temporal ni recorta el empleo formal, sino que corrige una práctica que llevaba años violando la ley.
Este funcionario recordó que la Ley 50 de 1990 establece que las temporales son excepcionales y no una modalidad generalizada, razón por la cual criticó que hoy, desde su perspectiva, se usan para todo tipo de funciones y que debido a ello, el problema no es el decreto sino la tolerancia histórica frente a una aplicación inadecuada.
Por eso rechazó la idea de que la medida genere un colapso laboral y aseguró que “el cuento de los 500.000 empleos perdidos es un espantajo”, ya que producción, comercio y logística seguirán funcionando y necesitarán trabajadores y a su juicio, lo que cambia no es la demanda laboral, sino la forma de contratar.
El ministro insistió en que no se trata de “Navidad sin empleo”, sino de “Navidad con dignidad”, argumentando que el mismo trabajo debe hacerse con derechos, estabilidad y garantías y recalcó que la contratación estacional seguirá plenamente permitida, porque las temporales existen justamente para cubrir picos de demanda como los de fin de año y lo que se busca evitar es la rotación permanente de empresas temporales para mantener a un trabajador sin antigüedad ni seguridad social.
Para Sanguino, esa práctica no constituye flexibilidad laboral sino “dumping social”, por lo que el decreto define criterios claros para identificar al verdadero empleador, desde quién da las órdenes hasta quién proporciona las herramientas de trabajo y por eso, la intención, explicó, es fortalecer la inspección laboral para frenar abusos sin bloquear la actividad empresarial, de modo que se proteja tanto la formalidad como la competencia leal en el mercado laboral colombiano.