El proyecto de decreto que busca combatir el fraude laboral y la intermediación ilegal tiene un propósito legítimo: proteger los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, su redacción impone cargas desproporcionadas que podrían traducirse en más rigidez, mayores costos y sanciones injustificadas para las micro, pequeñas y medianas empresas.
La regulación introduce inflexibilidades operativas y riesgos sancionatorios desproporcionados para los empresarios. Por lo que, presentamos las siguientes preocupaciones y riesgos:
1.
Ilegalidad y Subordinación:
•
Los indicios de fraude laboral son demasiado amplios y confunden la subordinación ilegal con la coordinación operativa legítima.
•
Se penaliza a las MiPymes por prácticas normales como exigir el uso de e-mail corporativo por seguridad o usar sistemas automatizados de supervisión para medir la eficiencia.
•
La norma expone a las empresas a multas y litigios, ya que la coordinación esencial (como determinar un horario para la operación o la integración del personal del contratista) se interpreta como una prueba de ilegalidad.
2.
Presunción de Contrato Directo.
•
La norma asume que existe una relación laboral directa si se contratan servicios de naturaleza permanente a través de terceros.
•
Esto impacta injustamente a las MiPymes, ya que la mayoría de los servicios que tercerizan (vigilancia, contabilidad, mantenimiento) son de naturaleza permanente.
•
La medida obliga a la MiPyme a absorber costos fijos de personal que actualmente son cubiertos eficientemente mediante la tercerización, afectando su competitividad.
3.
Limite porcentual para contratar personal en misión.
•
Establece un límite porcentual para el personal en misión (10%) que elimina la flexibilidad esencial que las MiPymes necesitan para reaccionar ante picos de demanda o para cubrir licencias largas.
•
Esta restricción crea un «efecto de base cero» para empresas pequeñas, resultando en la destrucción de empleo formal temporal.
Advertimos que el proyecto de decreto, en el contexto de baja productividad, podría conducir a la destrucción de empleo formal y a una baja productividad y recomendamos al Ministerio del Trabajo la revisión y modulación del catálogo de indicios y de los topes, buscando un equilibrio que distinga claramente el fraude de las necesidades operativas estructurales que caracterizan a las MiPymes.